Después de que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegaran a un acuerdo sobre el procedimiento a seguir en la compra de acciones de la empresa Triple A, el mandatario declaró que de esta manera “quedó establecida la hoja de ruta para que Barranquilla pueda recuperar las acciones de la Triple A”.

Esa recuperación, dijo el Alcalde, será bajo dos preceptos: “el primero, que esa recuperación conlleve a que la nueva inversión sea 100% pública; es decir, que las acciones queden en manos del Distrito de Barranquilla y/o Empresas Públicas de Medellín (EPM), u otro socio estratégico similar público y, al mismo tiempo, que podamos destrabar y rápidamente recuperar estas acciones que algún día pertenecieron al Distrito y que por malos manejos terminamos perdiendo”.

Pumarejo calificó como  una buena noticia para Barranquilla y para Colombia que, a través del diálogo y las mesas técnicas, se haya podido “destrabar un proceso que seguirá su curso”. 

El mandatario distrital afirmó que lo importante es que “los barranquilleros y los colombianos estemos tranquilos, que se preserve el patrimonio público y que Barranquilla tenga la empresa que se merece para planificarla a largo plazo, y eso significa un servicio de agua, de acueducto y de aseo eficiente, y que crezca con las necesidades de la ciudad”.

Desde inicio de esta semana, el alcalde Pumarejo y los directivos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) empezaron la búsqueda de este acuerdo que permitiera preservar los derechos adquiridos por los barranquilleros en la Triple A y, además, tuviera en cuenta las observaciones del Gobierno nacional sobre el proceso de compra de acciones en la empresa de servicios públicos. 

Mesa de diálogo

A la mesa de diálogo convocada por la Agencia Especial Designada por el Ministerio Público, en cabeza del procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Luis Ramiro Escandón, acudieron el alcalde Pumarejo, el gerente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el representante legal de la Sociedad K-YENA S.A.S, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Agencia Especial, como agente facilitador, intermedió en la búsqueda de alternativas que permitieran a las partes llegar a un acuerdo en donde el patrimonio público no se viera en riesgo.